El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) pidió este miércoles al Presidente de la República, Iván Duque, medidas para proteger a los líderes sociales que defienden el acuerdo de paz firmado en 2016 por el Gobierno y la guerrilla de las FARC.

En una carta, el Movice aseguró que el Gobierno de Duque "no ha cumplido con el deber legal que le asigna la Constitución y las normas para proteger los líderes sociales que defienden el acuerdo de paz" luego de que en los primeros días de 2019 fueran asesinados al menos cinco defensores de derechos humanos.

En ese sentido, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró ayer que el Gobierno está "haciendo todo" para prevenir y esclarecer el homicidio de líderes sociales.

El funcionario detalló que dos de los asesinatos fueron perpetrados en el departamento del Cauca (suroeste), uno en Antioquia (noroeste), otro en Santa Marta y uno más en Hacarí, en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

Por ello, el Movice instó al Gobierno a que "avance" en la protección colectiva de comunidades, en la creación del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep) y el "fortalecimiento (del) sistema de prevención y alerta para la reacción rápida".

Asimismo, se sumaron a la petición de la Procuraduría de convocar este mes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para "diseñar los planes para desestructurar las organizaciones criminales que atentan" contra quienes le apuestan a "la construcción de paz".

El Movice, un movimiento conformado por cientos de víctimas y más de 200 organizaciones, aseguró además que, según la Defensoría del Pueblo, hay algunos de sus miembros que están en "situación de riesgo en al menos cinco departamentos del país".

Según la Policía, en 2018 fueron asesinados en el país 78 líderes sociales, pero la Defensoría asegura que fueron 164.

El procurador colombiano, Fernando Carrillo, calificó ayer como inadmisible lo que sucede con los líderes sociales y defensores de tierras.

Por esto conminó al Gobierno y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales de los atentados contra la defensa de los derechos humanos y colectivos.

EFE